El cementerio de los equipos del fútbol
venezolano aún tiene las puertas abiertas. El tiempo lo ha obligado a crecer,
lo suficiente como para guardar los más de 14 títulos que ahí reposan tras la
defunción del Deportivo Portugués, Galicia, Canarias, Atlético Táchira o
Maracaibo. Si fuera una parcela, tendría que tener más de una veintena de
lápidas. Si fuera un resumen en papel, necesitaría casi una cuartilla. El
último de ellos tendría que tener un punto y seguido, obligado por la permisividad
de las reglas de un campeonato que protege primero al organizador, la FVF, antes que a cualquier
otro de los actores.
En
este concierto, el único que puede garantizar que sus deudas serán canceladas
es la federación, que se asegura de cobrar los montos de inscripción de los
equipos a partir de los ingresos de televisión. Los conjuntos, por su parte,
firman contratos de patrocinio a la espera que estos se cumplan en algún
momento de la temporada con el riesgo, para muchos, que aún recibiendo la
totalidad de ellos no tendrán suficiente para cubrir todo el presupuesto anual.
Los
jugadores no están menos expuestos. Firman contratos millonarios y algunos
llegan a acumular deudas que no se cumplen si no hasta un par de años, después
de un corrosivo proceso que puede llegar a tribunales internacionales.
El
último en caminar por la cornisa y asomarse al despeñadero ha sido el Lara, uno
de los dos equipos con la nómina más costosa del circuito. Su principal músculo
financiero, Tracto América, cerró la transfusión de dinero y el club quedó a la
deriva, subsistiendo de unos contratos de patrocinio y una taquilla que no
sostienen una inversión de ese tamaño. Víctima de un modelo en el que abundan
las gobernaciones y alcaldías que ajustan los números rojos del balance con el
crédito político que le permite sumar votos en la siguiente elección.
Desde
la FVF defienden
que es poco lo que pueden hacer y, ante el panorama actual, es cierto. Ni está
en sus manos dirimir la propiedad legal de la franquicia, para que este pueda
ser vendida, ni es su responsabilidad honrar los contratos que uno de sus
afiliados no ha podido pagar. Sin embargo, la FVF, en su papel de organizador del torneo, sí
pudo haber exigido mayores garantías a un club con unas responsabilidades
económicas tan altas.
El
problema hoy del Lara es puntual, de una directiva que se comprometió a pagar
un dinero que hoy no tiene. Y de unos jugadores que deben arreglárselas para
recortar sus gastos tras recibir una quincena de las siete que le adeudan. No
obstante, el virus de ese plantel afecta un torneo en el que conviven otros 17
equipos y la misma FVF que deben, entre todos, conseguir condiciones que
permitan una mayor sanidad económica.
Establecer
condiciones para un ecosistema más estable, equiparar los gastos con los
ingresos ordinarios, convertir al torneo y a cada uno de los clubes en
productos mercadeables capaces de generar ganancias y permitir el acceso de los
equipos a los dólares preferenciales son medidas que pueden implementarse para
que los clubes puedan sostenerse y poner, de una vez por todas, candado al
cementerio de equipos. Sin tener que depender de un benefactor dispuesto a
perder dinero, a una gobernación o un alcalde que en las elecciones de
diciembre y abril podría dejar huérfano a otra escuadra. El caso del Lara
incumbe a unos pocos pero que la historia se repita cíclicamente demuestra que
el problema de fondo está en otro lado.
